Escuelas Católicas es la marca de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), que asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos, y de Educación y Gestión (EyG), que los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente cuenta con 5.939 entidades pedagógicas, más de un millón de alumnos y alrededor de 100.000 trabajadores.
EC nació para la defensa de las libertades educativas, la representación institucional y empresarial, la promoción de la identidad católica de los centros y la formación de directivos y profesores. Y así lo demuestra hoy José María Alvira, Secretario General desde 2012, en esta entrevista para Escuelas Salesianas.
Seguimos con la tradición, nuevo gobierno, nueva reforma educativa. ¿Qué aspectos quiere reformar este gobierno?
Parece que, desgraciadamente, seguimos esa costumbre. Pero en este caso la reforma que se pretende tiene unas características muy peculiares. No parte del consenso —en esto también se sigue la tradición—, pero es que ahora ese consenso ni siquiera se ha intentado. Además, todo el proceso se está llevando a cabo con unas prisas injustificadas. Para el calendario propuesto se invocan razones de urgencia. Pero se trata de urgencias políticas que nada tienen que ver con las necesidades de la educación. No hay que olvidar que los aspectos más controvertidos de la LOE, tras su modificación por la LOMCE (reválidas, acceso a la Universidad, etc.), no se están aplicando desde 2016.
Se diría que la derogación de la LOMCE es un logro político que conviene presentar ante la opinión pública cuanto antes, a costa de lo que sea. Con los brevísimos plazos que se han dado para el estudio de un texto de Anteproyecto farragoso y de complicada lectura (se trata de parchear unas leyes anteriores, que ya habían sido modificadas), se hace difícil percibir una voluntad real de contar con un acuerdo básico de todos los sectores de la sociedad.
La derogación de la LOMCE es, desde hace tiempo, una de las aspiraciones más machaconamente reclamadas por una parte de la comunidad educativa, como una reivindicación que ha llegado a convertirse en un mantra. Sin duda, en aquella Ley orgánica había aspectos muy mejorables, tanto en su contenido como en su proceso de elaboración. Tenía también buenas intenciones (reducir el fracaso y el abandono escolar temprano, conseguir una cierta homogeneización de las enseñanzas en todo el territorio nacional, mejorar el nivel en las materias instrumentales fundamentales…) y algunos aspectos positivos. Había en ella, en definitiva, luces y sombras; pero estas no justificaban la oposición frontal y sin matices de algunos grupos sociales y políticos, producto de unas posiciones ideológicas previas más que de un análisis desapasionado y sereno de la Ley. Tampoco estaban justificadas ni la acusación de favorecer a la escuela concertada o las descalificaciones que se hacían de esta.
La reforma que ahora se pretende vuelve a incluir y a reforzar los aspectos más controvertidos de la Ley anterior (LOE); incluso se retrotrae a la LODE en cuestiones que creíamos superadas. A todo lo anterior se podría añadir el mismo reproche que a la Ley a la que trata de sustituir: carece de un proyecto global que dé coherencia y unidad al texto legal. Se trata, en definitiva, de una ley que no plantea con altura de miras un futuro estable para la educación en nuestro país.
¿Qué piensa Escuelas Católicas del proyecto de reforma?
No se puede dudar de la buena voluntad y del talante dialogante de los principales responsables del Ministerio de Educación, ni tampoco del conocimiento profundo que tienen del ámbito educativo. Pero esas disposiciones no se corresponden con las actuaciones políticas recientes relativas a la educación. Se puede intuir —por no decir que resulta evidente— que algunas decisiones sobre esta nueva Ley, tanto en su contenido como en su proceso de elaboración, vienen de más arriba y de algunos de los grupos más radicales que apoyan al actual gobierno. Son esas instancias las que provocan nuestro desacuerdo y nuestra preocupación.
Efectivamente, el Anteproyecto de Ley contiene varias propuestas que crean malestar en el sector de la enseñanza concertada, porque no podemos estar de acuerdo con ellas quienes creemos en la libertad de enseñanza. Podemos citar algunas que nos parecen fundamentales:
- Refuerza el concepto de la planificación de los puestos escolares por parte de las administraciones educativas, eliminando la referencia clara a la “demanda social. Resulta sintomático de esta pretensión de estatalizar la enseñanza el hecho de que se utilice el término «planificación», en lugar de hablar de «programación» y de «participación efectiva» de los sectores afectados, tal como señala la Constitución. Restringe de esta manera el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y suprime la referencia a los mismos como principales responsables de su educación.
- Se eliminan del texto las referencias a la libertad de enseñanza, que constituye, junto al derecho de todos a la educación, un pilar fundamental del artículo 27 de la Constitución.
- Transforma el Consejo escolar de los centros privados concertados en un órgano de gobierno, en lugar de asignarle labores de participación, conculcando el derecho de los titulares a la dirección del centro y reduciendo la autonomía de los mismos. Se permite así que pueda cuestionarse el desarrollo de su proyecto educativo singular. Se incluye además, sin ninguna razón que lo justifique, la figura del “concejal o representante del Ayuntamiento”, a modo de “comisario político”.
- Considera a la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública, contraviniendo lo señalado por el Preámbulo de la LOE y la normativa de ámbito europeo, así como los pronunciamientos judiciales sobre su carácter complementario de la escuela gestionada por los poderes públicos. Transforma el “derecho a la educación” en un inventado “derecho a la educación pública”, ya que la Administración debe garantizar la existencia de plazas para todos, pero no la existencia de plazas públicas para todos.
- Suprime las referencias a la asignatura de religión en la regulación de las distintas enseñanzas (Primaria, ESO y Bachillerato), remitiendo el cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado a una posterior e incierta normativa reglamentaria.
- En la admisión de alumnos, elimina injustificadamente el criterio de que el padre o madre del solicitante trabaje en el centro, y posibilita ampliar la reserva de alumnos a favor de la Administración. Considera, además, a la educación diferenciada como discriminatoria, en contra de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
- Continúa omitiendo las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar, de manera que se ponga fin a la discriminación en materia de financiación de los centros concertados respecto de los centros públicos. Tampoco incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros con concierto.
¿Se puede esperar un posible consenso de todas las partes implicadas en la reforma teniendo como visión la mejora del sistema educativo?
Sintiéndolo mucho he de decir que, lamentablemente, en este momento no se puede esperar ese consenso. Olvidado el Pacto por la educación, las nuevas propuestas de reforma nos sumergen una vez más en un ambiente de crispación y de falta de respeto por los verdaderos actores de la tarea educativa. Sorprende —o quizá sería mejor decir que no sorprende en absoluto— que los grupos políticos y sociales que mostraron su desacuerdo frontal con la LOMCE y que entonces reclamaban participación y diálogo con la comunidad educativa, ahora callen y otorguen. Son los mismos que abandonaron la subcomisión parlamentaria que estaba trabajando en el Pacto Educativo y quienes aplaudieron esa decisión. Uno llega a preguntarse quiénes forman, para ellos, la «comunidad educativa». Para colmo, aprovechando esta situación, algunos deciden pedir, ya sin ambages, que desaparezca la escuela concertada y se imponga en España la escuela única. Lo menos que se podría pedir a todos los grupos sociales y políticos es un poco de coherencia y un gran respeto por las reglas democráticas…
¿Cómo se asumen en nuestras comunidades educativas los principales desafíos que se plantean para una auténtica mejora de la educación?
La elaboración de una nueva Ley debería contar con el mayor acuerdo posible de toda la comunidad educativa; y, en cualquier caso, tendría que tomar como punto de partida el consenso fundamental alcanzado en el artículo 27 de la Constitución.
Para llevar a cabo la labor de educación hace falta serenidad, sosiego, planes a medio y largo plazo. Afortunadamente, y pesar de todo, estoy convencido de que esas condiciones son las que se dan en el interior de nuestros centros y de que los educadores que trabajan en ellos, como en otras muchas ocasiones, sabrán asumir su misión educativa con espíritu positivo y responderán adecuadamente a los nuevos retos que se les vayan presentando.
No obstante, creo que sería deseable que todas las comunidades educativas —directores, profesores, familias— fueran conscientes de las repercusiones que pueden tener para el normal desarrollo de sus actividades las modificaciones legales que se están gestando y las intenciones que las inspiran, y que supieran defender con argumentos sólidos el principio de libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos que lo conforman.
